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domingo, 29 de agosto de 2010

Hacia una Democracia Mejorada: por la auténtica separación de poderes

Montesquieu

Tradicionalmente, la democracia se ha asentado sobre un taburate de tres patas, que son los tres poderes del Estado: el Ejecutivo (Gobierno), el Legislativo (Parlamento) y el Judicial (la Justicia). La idea de la triple partición del poder proviene de la Ilustración y fue ampliamente difundida por Montesquieu.

Cuanto más independientes sean estos poderes, más democrático será el país.

La nación que lleva más a rajatabla la separación de los susodichos tres poderes es, cómo no, los Estados Unidos (de América, se entiende, porque también existen los "Estados Unidos de México", jeje). En esa gran nación se elige por separado al Ejecutivo, es decir, al Presidente de los Estados Unidos (que es, a la vez, Jefe de estado y Presidente del Gobierno), al Legislativo (Congreso y Senado) e incluso se puede elegir a algunos miembros del Judicial: a ciertos jueces del bajo escalafón. Pueden elegir, por otra parte, al Fiscal del Distrito (¿se imaginan en España que pudiéramos elegir al, siempre sumiso al Gobierno de turno, Fiscal General del Estado?

Por elegir, eligen hasta al comisario del distrito, al que, si no cumple bien con su labor de disminuir la delicuencia en su localidad, se le dará el bote y se les sustituirá por otro.

La democracia estadounidense es, pues, una democracia mucho más perfecta y real que la triste parodia española, en la que no podemos elegir al Jefe del Estado (que es el Rey) y, al votar, cada cuatro años, elegimos mezclados al Legislativo y al Ejecutivo, pues son los diputados los que eligen al Presidente del Gobierno por nosotros.

De elegir a algún miembro de la judicatura por parte de los españoles... ni por asomo. Y menos a los fiscales (fieles siervos del Gobierno). Ni al comisario ni nada.

En Estados Unidos, las elecciones al Legislativo y al Ejecutivo no coinciden y se alterna, aproximadamente, cada dos años, lo cual permite que, si la gente se siente descontenta con el presidente elegido, puedan castigarle al poco tiempo, votando al partido contrario, en el Parlamento. Esto propicia que, en ocasiones, el Presidente de Estados Unidos tenga que "cohabitar" con un Congreso y Senado adversos a él.

La democracia estadounidense no es perfecta del todo, pues el Gobierno elige, como en España, a los miembros del Tribunal Supremo, cargo, por cierto, allí vitalicio.

Pero en España los políticos no sólo eligen a los miembros del Supremo, sino también a ese invento para colocar a más "vivientes" (no diremos "vividores") del Estado, denominado Tribunal Constitucional, amén de a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El ideal de democracia sería aquella en la que los ciudadanos, además de todas las posibilidades electorales que poseen los estadounidenses, pudieran elegir también directamente a los miembros del Poder Judicial o, al menos, a sus más altas instancias (Supremo, Constitucional y similares).

Desde aquí abogamos, pues, por un Poder Judicial electo.

En España, en definitiva, nos han diseñado una "democracia cómoda": "Elija usted sólo una vez cada cuatro años y ya no se preocupe de más. Nosotros hacemos el resto".

Ellos eligen por nosotros.

Tanto velan por nuestra comodidad, que apenas nos consultan ante decisiones trascendentales mediante referendos (bien se podrían haber hecho sendas consultas en todo el Estado sobre los temas del aborto, las bodas gays, el deso de idependizarse de algunas regiones, nuestra participación en lejanas guerras -como Irak y Afganistán- y sobre si deseamos una República o Monarquía, por poner algunos ejemplos). Los referendos son en España, por otra parte, sólo consultivos, es decir, no vinculantes, por lo que, si el resultado no le gustase al Gobierno de turno, podría no tenerlo en cuenta. Todo muy "democrático", como ven... ¡Qué gran diferencia con Estados como Italia o estados federados como California, en los que, continuamente, se recurre a referendos que son, por otra parte, vinculantes.

En fin, en esta falsa democracia que es la proclamada por la esperpéntica Constitución de 1978, los políticos han conseguido que los ciudadanos trabajemos poco, que nos cansemos lo mínimo.

Que no nos herniemos, vamos.

¡Cuánto velan por nuestra salud!




domingo, 8 de agosto de 2010

Carta a mi empleado más caro


A la AT. del Sr. D. Juan Carlos Borbón Borbón

Muy Sr. Mío:

Me dirijo a Vd. -cosa que no suelo hacer a menudo entre mis empleados- debido, esencialmente, a la especial situación generada por la crisis económica que ha repercutido gravemente en mi economía familiar y que, como Vd. ya sabe, es una de las empresas de las que Vd. cobra puntualmente sus emolumentos.

Como se podrá imaginar, la angustiosa situación económica producida nos ha llevado a plantearnos una lógica reestructuración de personal y, dado que Vd. es nuestro empleado más caro y que recibe su salario a través de nuestros impuestos, hemos empezado a examinar su rendimiento, para ver si el mismo se corresponde con la generosa remuneración que entre todos los españoles le hemos asignado, es decir, 9 millones de euros (unos 1.500 millones de pesetas) de los que Vd. puede disponer libremente y distribuirlos como quiera, sin ni siquiera desglosar sus gastos ante el Parlamento español.

Examinando el contrato que le hicimos en el año 1978, desearíamos que se centrase en el apartado denominado Artículo 56 párrafo 1 y que dice lo siguiente:

"El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes."

También desearía que echase un vistazo al Artículo 61 párrafo 1 del mismo:

"El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas."

Hemos resaltado en negrita aquellas funciones que, a nuestro parecer, ha incumplido a lo largo de estos años, pues, en todo este tiempo, no ha hecho absolutamente nada por mantener la unidad de los españoles, desde el primer momento gravemente amenazada -y de forma creciente- por el separatismo catalán y vasco.

En este tiempo tampoco ha arbitrado y moderado el funcionamiento regular de las instituciones, pues de todos son conocidos los continuos problemas en las elecciones de los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, estos años, han servido de arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos y que regularmente han puesto en peligro la estabilidad institucional.

Por último, tampoco ha hecho respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, siendo los más claros ejemplos la prohibición, para muchos ciudadanos españoles, de recibir su educación en español en Cataluña y las multas que esa institución denominada Generalidad Catalana ha impuesto sobre sus compatriotas por rotular en español sus comercios.

Dada la clara dejación de funciones que ha ejercido a lo largo de estos años, a pesar de la generosa retribución que le habíamos asignado, nos vemos, por tanto, en la necesidad de rescindir su contrato.

El despido tendrá efectividad desde el momento en que se reúna la Junta de Accionistas convocada a un referéndum sobre la Monarquía, que esperamos -si a los españoles les entra algo de luz en la cabeza- se convoque a la mayor brevedad posible.




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